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ARTICULOS : La oportunidad del 2012
el 30/12/2011 14:00:00 (977 Lecturas)

Sin duda alguna, el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa será recordado como el más violento desde el de Plutarco Elías Calles, quien comandó la “Guerra Cristera”, también recordada como “Guerra de los Cristeros” o “Cristiada”, conflicto armado librado de 1926 a 1929 entre el ejército mexicano contra milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se rebelaron a la aplicación de la Ley y políticas pública que restringían la autonomía e influencia de la iglesia católica en México, en aplicación de la versión original de la Constitución Mexicana de 1917 que negó la personalidad jurídica a las iglesias, las subordinó a controles por parte del Estado; prohibió la participación de los miembros del clero en política; privó a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces; e impidió el culto público afuera de los templos.

En ese conflicto, superado definitivamente a raíz de las contra reformas constitucionales realizadas por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, que permitieron el estatuto jurídico vigente -tan a modo para las diversas iglesias y religiones- se estima fueron asesinados cuando menos 90,000 personas, entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y miembros del Ejército Mexicano.
Dicho conflicto fue una guerra civil declarada, de menos de 4 años de duración y circunscrita básicamente a ciertos territorios rebeldes (Jalisco, y Guanajuato muy distinguidamente) que se negaron a aceptar la vigencia del Estado de Derecho y la autoridad gubernamental.

Muchas atrocidades se cometieron por ambos bandos de esa guerra, habiendo quedado impunes la mayoría de sus responsables. Ochenta y un años después, esta semana, al concluir el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, ponentes como José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Javier Sicilia, coordinador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, documentaron que de la “Guerra contra el narcotráfico” -después matizada como “lucha contra el crimen organizado”- se han cometido -a la fecha- cuando menos 67 mil 700 asesinatos en el marco de las acciones de guerra emprendidas por el gobierno federal.

La presencia de la violencia se ha generalizado en nuestro País, donde según los propios datos oficiales, el 98% de crímenes cometidos en el país quedan impunes. Siendo que llevamos ya más de 5 años de guerra (más duración que la primera o segunda guerras mundiales en lo individual), no se han logrado los objetivos establecidos para la lucha y no se ha planteado a los mexicanos una alternativa a tan ruinoso conflicto, que está sub desarrollando al País.

Nadie en su sano juicio tolerará que el crimen organizado aumente su poder o mantenga su impunidad, pero es indispensable aceptar que la estrategia falló y debemos encontrar como Nación, una mejor manera de lidiar con problemas de salud pública como la farmacodependencia, la pobreza y falta de desarrollo económico que han puesto a muchos jóvenes al servicio de los criminales; dejando el peso del problema en las fuerzas armadas nacionales, que día a día, ven expuesto su prestigio e integridad institucional al realizar labores de mantenimiento de la paz pública, investigación y policiacas, que deberían poder realizar los costosísimos aparatos gubernamentales de procuración e impartición de justicia que pagamos con nuestros impuestos, en los 3 niveles de gobierno.

El presidente Calderón ha puesto muy claro que mantendrá su estrategia guerrera a pesar de la falta de resultados y las voces –cada vez más numerosas- que plantean la urgencia de que los mexicanos recuperen su bienestar social, económico, cultural y político; que se respeten todos los derechos humanos para todos y, se reformen las instituciones para evitar la farmacodependencia y la corrupción que permiten el florecimiento de los grupos dedicados al crimen organizado y al desorganizado.

No podemos aspirar a la normalidad democrática y al desarrollo en un país con violencia generalizada: ya sea la ejercida por el Estado, como en el caso de los 2 estudiantes asesinados a tiros el 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero (entidad gobernada por el PRD), o los cotidianos secuestros, levantones y homicidios que las bandas criminales realizan a lo largo y ancho de México.
Las miles de desgracias que se acumulan, la criminalidad, la corrupción, la impunidad; la falta de apoyo a la educación; el debilitamiento del Estado de Derecho y de los gobiernos; el fortalecimiento de las mafias sindicales, el poder creciente de los factores reales de poder; el desempleo y la economía informal incuban grandes problemas en el país que deben ser atendidos sin pretexto o demora. No se puede continuar como vamos, es decir, de mal en peor y sin una solución viable, sin luz al final del obscuro túnel de violencia que padecemos.

Olvidar o no reconocer que se han cometido decenas de miles de asesinatos en el país, sin castigar a sus autores intelectuales y materiales, es un crimen de lesa humanidad y un lujo que los mexicanos no podemos darnos si aspiramos a resolver nuestros problemas y retomar nuestro camino como una nación que propenda hacia la felicidad individual y colectiva.

En la efervescencia de la sucesión presidencial y ante la renovación del poder legislativo de la Unión, habrá que exigir a los políticos, a los partidos y a los candidatos a que se pronuncien con claridad sobre sus propuestas de políticas públicas para superar el problema de la violencia y criminalidad, garantizando -simultáneamente- la seguridad, la justicia y la democracia a los mexicanos.

El partido acción nacional y el gobierno federal han ignorado las peticiones de cambiar o ajustar su estrategia de combate al narcotráfico, aún ante las evidencias de la imposibilidad de ganar su guerra, a pesar de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas.

¿Cuántos muertos más harán falta para que se reflexione desde la palestra pública sobre la estrategia de combate a la criminalidad? Toca a los partidos políticos y sus candidatos hacer la tarea, exponiendo con claridad qué planean y cómo llegarán a los objetivos.

Corresponde a los ciudadanos mantenerse informados y –en su momento- apoyar y dar su voto a la opción más viable, a la que les convenza, a la que pueda sacar al País de la guerra, para retomar una ruta de prosperidad posible en el corto plazo. Las elecciones son los momentos estelares de la renovación política e institucional. Esa es la oportunidad que la elección del año próximo nos plantea.

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