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ARTICULOS : Mexicanos al grito de guerra
el 16/12/2009 16:30:00 (2332 Lecturas)

México se ha mantenido fiel a una política pacifista que nos ha mantenido lejos de batallas sangrientas a partir de 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde nuestro ejército tuvo una participación más bien simbólica a través del escuadrón aéreo 201, que tuvo una acción todavía no lo suficientemente ponderada en el Pacífico sur. La guerra fría inició, acabó y las acciones en las que se vieron involucradas nuestras fuerzas armadas por más de medio siglo fueron básicamente acciones de represión de los movimientos populares de izquierda revolucionaria y a incipientes guerrillas que nunca pudieron poner en riesgo a las instituciones de la República.

La llegada a la Presidencia de la República del panista Felipe Calderón Hinojosa hace tres años implicó, desde su inicio, una declaración de guerra que, aunque no es consistente con la definición que el derecho internacional da a ese concepto, es un conflicto bélico mal llevado cuya “estrategia” ha generado más de 15 mil 150 víctimas en lo que va del sexenio. Muchas más que las dos guerras del golfo protagonizadas por los Estados Unidos de Norteamérica que tanto han escandalizado al mundo. Lo paradigmático es que, a pesar de que ese país es el mayor consumidor y principal mercado de drogas del mundo, no hay corresponsabilidad de su parte en el conflicto que día a día cobra más víctimas en nuestras calles, ni se emula en México su ejemplo de despenalización y gradual legalización, que es el camino elegido por varios de sus estados más importantes, como California, cuya economía es muy superior a la de nuestra Nación en su conjunto.

Si bien los cárteles mexicanos han operado el tráfico de drogas desde décadas atrás, a inicios de los noventa cobraron más relevancia debido al paulatino decrecimiento del poder e incidencia en el mercado de los cárteles colombianos de Cali y Medellín. Debido a sus agresivas acciones, las organizaciones criminales mexicanas, ahora corporativizadas y globalizadas, controlan el mercado de drogas ilegales en Estados Unidos, lo que ha implicado una enorme presión por parte de nuestros vecinos y más importantes socios comerciales para librar una guerra en nuestro territorio, con el consecuente resultado en muertes, para evitar que las drogas lleguen a sus ciudadanos siempre ávidos de más y más estupefacientes.

Los hechos hablan por sí mismos: la Agencia Central de Inteligencia (CIA) calcula que los cárteles de drogas mexicanos controlan al menos un 70 por ciento de los estupefacientes que entran de manera ilegal a Estados Unidos, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos estima que el 90 por ciento de la cocaína que se consume allá transita por una ruta originada en Colombia y que cruza por México. Sólo ese negocio genera anualmente ganancias de unos 48.4 billones de dólares.

El asunto es dramático pues la guerra de México contra el narcotráfico se va perdiendo y las pujantes organizaciones criminales están diversificando sus actividades (robo de combustibles, secuestros, extorsión, etc.).

Aunque se han arrestado líderes importantes de los cárteles, particularmente de los de Tijuana y del Golfo, siempre hay quien les sustituya, su operación se mantiene y la violencia se incrementa por el control de las zonas de producción (específicamente mariguana, metanfetaminas y heroína); la lucha encarnizada por los territorios de venta al creciente mercado interno nacional (los índices de consumo y adicciones se han disparado en México en los últimos años); y la sangrienta disputa de las rutas de tráfico hacía Estados Unidos.

A los desalentadores partes de guerra que día a día presenciamos en nuestros noticiarios, consistentes en capturas, ejecuciones, enfrentamientos y cada vez más muertos y víctimas inocentes (daños colaterales en términos militares), se suma el dilema de que cada vez son más jóvenes los miembros del crimen organizado. La razón fundamental se encuentra en la falta de oportunidades, la marginación y, ahora, la recesión económica que mantiene en condiciones de pobreza a 60 millones de mexicanos, con dificultades para encontrar empleo, adquirir la canasta básica alimentaria, servicios de salud y vivienda, lo que genera una masa crítica de mexicanos dispuestos a cualquier cosa por sobrevivir, situación que puede animarlos a unirse al crimen organizado o al desorganizado.

La primera víctima de una guerra es la verdad y ante la evidencia del fracaso de la estrategia del gobierno federal en el frente de batalla, inicialmente se satanizó a quienes osaron oponerse a ella acusándolos de participar en actividades ilegales o antipatrióticas, pero este mes la verdad pudo más que los enardecidos discursos del presidente y la censura oficial. En Ciudad Juárez, Chihuahua, miles de ciudadanos vestidos de blanco, congregados en organizaciones de la sociedad civil, libres de sospecha de vinculación con el narcotráfico, se manifestaron marchando pacíficamente por las calles principales para expresar públicamente que la violencia ha empeorado desde que llegó el ejército y que los soldados se han vuelto parte del problema, pues sus abusos no son difundidos por los medios de comunicación, ni perseguidos o castigados por los aparatos de procuración e impartición de justicia. La organización “Amnistía Internacional” –galardonada en 1977 con el Nobel de la Paz- presentó su reporte al mundo con casos comprobados de violaciones a los derechos humanos de ciudadanos por parte de los militares y, este fin de semana, el vocero de la Arquidiócesis Primada de México pidió públicamente, a nombre de la iglesia, la salida del ejército de las calles y el castigo para los militares que cometen atrocidades en forma cada vez más frecuente.

¿Qué violencia impune es más peligrosa, la de los que viven fuera de la ley o la institucional generada desde el gobierno federal? La democracia peligra si nadie protege los derechos fundamentales de los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos al ejército creado para protegernos. El gobierno del presidente Felipe Calderón –autista ante el fracaso de su guerra- ha asumido una complicidad silenciosa con las miles de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas y que se encuentran documentadas, soslaya los abusos y militariza la sociedad; mientras el sistema de justicia militar, conocido constitucionalmente como fuero de guerra, se muestra condescendiente con los efectivos de las fuerzas armadas culpables de torturas, homicidios, violación, allanamientos sin mandamiento judicial, detenciones arbitrarias y desapariciones que han quedado acreditadas con el incremento sostenido de quejas ante las comisiones estatales y nacional de protección a los derechos humanos.

Lo anterior ha generado dos tipos diferentes de impunidad y violencia: la de los malos que combatimos (basada en la corrupción) y la de los “buenos” que dicen protegernos, que no responden ante la justicia civil por estar sometidos a la lógica impredecible y sangrienta de una guerra sin cuartel contra un enemigo que no porta uniforme, que no es parte de una milicia regular, que no sirve a ningún país y que se oculta entre los ciudadanos comunes y corrientes. Todos estamos expuestos a la violencia ante el desinterés de los gobiernos de derecha conservadora de investigar los abusos cotidianos y su falta de voluntad para reconocer el problema. Ante este panorama sólo nos queda preguntar: ¿Cuándo y cómo terminará esta guerra? ¿Quién vigila a nuestros vigilantes? ¿En qué momento volverán los militares a sus cuarteles?

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