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ARTICULOS : Las raíces de la crisis en México: corrupción e impunidad generalizadas
el 11/11/2014 14:55:02 (2299 Lecturas)

La democracia mexicana ve, en estos momentos, su mayor período de cuestionamiento, vergüenza y desprestigio internacional desde que fue reconocida internacionalmente como tal, en ocasión de la alternancia del poder, el año 2000, cuando la “Presidencia Imperial” y el “régimen de partido hegemónico” fueron substituidos por una democracia formal –sin duda muy imperfecta- que nos permitió ampliar las bases de representación; organizar elecciones cada vez menos discutibles; el enriquecimiento de la agenda pública y; diluyó el poder de la Presidencia de la República para transmitirlo a los cuerpos legislativos; los partidos políticos (lo cual ha degenerado en la partidocracia); y a las entidades federativas (lo que generado un feuderalismo).

Hay un consenso unánime en México que la “Democracia” nos ha quedado a deber muchos objetivos que debía traer aparejada. Como ningún otro caso, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa por la policía de Iguala, Guerrero, sintetiza las perversiones, vicios y asignaturas pendientes de la democracia mexicana: la corrupción; la desigualdad; la impunidad; la descomposición del tejido social; el empoderamiento de grupos criminales en las esferas del poder; la violación de los derechos humanos; las desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales; los más de 20 mil desaparecidos; la inseguridad; los cotidianos delitos inhumanos; la falta de transparencia en las acciones públicas; la ineficiencia estructural de los aparatos de procuración e impartición de justicia; la impotencia de las instituciones gubernamentales; la ineficacia de los aparatos de inteligencia y prevención del delito y; la continua desatención y el olvido de las víctimas de la violencia criminal.

La tragedia de los desaparecidos de Ayotzinapa ha catalizado la persistencia de los agravios históricos que nuestra democracia formal no ha afrontado siquiera con seriedad. Muy significativo es que esos 43 desaparecidos -con alta probabilidad ya asesinados y yaciendo en alguna de las miles de fosas clandestinas que hay en el País- eran jóvenes; estudiantes; campesinos; contestatarios al poder; pobres y de sangre indígena es decir; representativos del México mayoritario usualmente invisible, víctimas comunes de injusticias sociales históricas, cuya presencia ha sido eclipsada por los medios masivos de comunicación que nos saturan de imágenes y mensajes de mexicanos güeritos, prósperos, sonrientes, consecuentes con el poder y beneficiarios del status quo.

Por ello, en las muestras de solidaridad, manifestaciones y protestas nacionales e internacionales por su desaparición -aún por aclarar- se han condensado múltiples inconformidades sociales antes dispersas, que han encontrado su voz y la han levantado al mundo entero, dividiendo el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en un antes y un después de Ayotzinapa. Tenemos ante nosotros, en ocasión de esta escándalo, la línea divisoria entre el inicio prometedor y exitoso del retorno de un gobierno priista a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal –llegando al poder por vías democráticas- que hábilmente consiguió los consensos necesarios para elevar a rango constitucional las tan postergadas “reformas estructurales” (11 en total) que –suponen sus panegiristas- sacarán a México de su estancamiento económico, político y social en el mediano - largo plazo.

Pero la crisis humanitaria, de la cual los 43 desaparecidos de Ayotzinapa son sólo un síntoma más, ha oscurecido la imagen de reforma y progreso que el gobierno federal logró efímeramente para México en el mundo entero. Triste final para el “mexican moment” que presumía un futuro mejor, proyectando al Presidente como “salvador de México”, pues cambió de golpe a otra imagen contrastante, la de la violencia estructural; la debilidad institucional debajo de la cual subyacen las alianzas entre el poder político y el crimen organizado; la ineficacia del Gobierno para cumplir sus funciones más básicas; la inobservancia del Estado de Derecho y; el drama de miles de historias de violencia, desaparición, tortura y muerte impunes y sin aclarar. El imperio de la corrupción y la impunidad.

El malestar ciudadano se multiplica cotidianamente en las plazas, en las calles, en las redes sociales y en los medios libres de comunicación. Se exige justicia. Que se combata la corrupción caiga quien caiga y finalice la impunidad de los criminales. Que con transparencia la sociedad sepa lo ocurrido en cada homicidio, cada desaparición, cada violación a los derechos humanos.

El gobierno federal se demoró en enfrentar esta crisis humanitaria y de efectividad institucional. No hubo ya solución proveniente de pirotecnias de comunicación social. El cambio en la imagen pública de México ha sido dramático, pero no completamente nocivo para el País, pues ya era hora de que nos pusiéramos en realidad y que se pongan en el centro del debate y los esfuerzos de todas las instituciones gubernamentales, la crisis de inseguridad y el auge del crimen organizado, así como la corrupción e impunidad que los hacen posibles.

Se agotó el discurso oficial del “cambio de estrategia” sobre la inseguridad del régimen en el poder, pues afloró que sus métodos y resultados son equivalentes a los del Presidente Felipe Calderón. Ante la crisis humanitaria, ha quedado claro que no podemos pretender éxitos en materia de derechos humanos y protección a los mexicanos si seguimos haciendo lo mismo que ya demostró su fracaso. La movilización de tropas del ejército y la marina; la decapitación de los liderazgos de los carteles y; la reorganización o cambio de denominación de las fuerzas policiacas no han solucionado el problema. Han sido insuficientes los enfoques de “inteligencia”, “comunicación social” y “coordinación”, sin establecer una batería articulada de cambios institucionales y políticas públicas que modifiquen estructuralmente la realidad de México, hoy que cada nuevo secuestro; cada homicidio y desaparición; cada nueva fosa clandestina con cadáveres sin nombre tiene una difusión nacional e internacional muy diferente y mayor a lo que habíamos visto a la fecha y concita más la indignación ciudadana.

Tan bien resultó para el Gobierno el “Pacto por México”, centrado en una agenda de modificaciones legales ya realizadas, que se antojaba lógico la convocatoria a un nuevo “Pacto”, ahora para hacer frente a la crisis institucional multinivel. Por ello, el Presidente de la República convocó el miércoles 4 de octubre a un “Pacto” para realizar una serie de cambios transcendentes de enfoque y estrategia para la seguridad y el combate al crimen organizado.
Así, ante el desprestigio causado por el peor mes para la clase política mexicana desde hace el siglo pasado, PRI, PAN y PRD -agobiados ellos mismos por su corrupción y la impunidad que han propiciado para sus militantes- han decidido una vez más “unir” fuerzas y resucitar un viejo recurso político abusado por Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, para socializar el costo político de esta crisis, lavarse la cara y firmar un nuevo “Pacto” ahora contra la impunidad, la corrupción, la inseguridad y la violencia, que esperamos no derive en un acuerdo para encubrir impunidades o en un esfuerzo para resolver parcialmente los problemas, administrándolos interesadamente con fines electorales.

Se requerirán cambios culturales, económicos y políticos, para combatir la corrupción y la impunidad, pero debe hacerse comenzando precisamente por los partidos políticos y los gobernantes, que serán sin duda, los grandes protagonistas del Pacto anunciado, como lo fueron del “Pacto por México” recientemente desaparecido.

Ante la crisis humanitaria, la amenaza de la anarquía y la quiebra del Estado de Derecho, no es consecuente recibir acríticamente acciones cosméticas, ni consentir discursos aburridos, predecibles y huecos, destinados más a mantener a la desprestigiada clase política en poder, que a unificar la energía social para resolver una tragedia nacional específica y recurrente: la corrupción y la impunidad, caras de la misma moneda, raíces profundas de los males de inseguridad, criminalidad e ilegalidad que padecemos históricamente. Habrá que ver si existe voluntad política para combatir tales cánceres sociales pues, para empezar, debemos partir de los reconocimientos que la corrupción e impunidad están en todos los aspectos de la vida nacional; que hay muchos corruptos en el poder que deben ser expuestos y juzgados sin demora. Si no se procede de tal forma, el “Pacto” convocado no cumplirá sus objetivos.
La disminución gradual de la corrupción e impunidad implica también que fenezca la visión del poder público como botín, patrimonio personal o de grupo. Mientras eso no ocurra, este “Pacto” será sólo un ejercicio retórico, un recurso político para tratar de salir –cuando menos- ante la opinión internacional, de la crisis sistémica que padecemos. No hay otro camino posible si de verdad queremos mejorar a México. Si en el núcleo de la violencia y el crimen organizado están la corrupción y la impunidad, cualquier medida útil deberá parecernos indispensable si es nuestro objetivo recuperar la credibilidad en el Gobierno, la gobernanza de la Nación, el respeto a los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho.

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