Login
Nombre:

Contraseña:

Recordar



¿Recuperar la contraseña?

Regístrese
Menú
ARTICULOS : El fracaso programado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
el 5/11/2014 22:20:00 (2461 Lecturas)
ARTICULOS

La violación reiterada, cotidiana a los derechos humanos degrada a la sociedad como ningún otro suceso imaginable. Cada vez que un ciudadano extranjero o nacional ve pisoteados sus derechos más esenciales (la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, la dignidad etc.) todos perdemos algo, y el gobierno demuestra su fracaso, incapacidad y miseria ética. Sí permitimos que a nuestros conciudadanos se les conculquen por cualquier razón sus derechos humanos ¿qué impide que a nosotros se nos vulneren con cuando menos, la misma brutalidad, violencia e indiferencia de parte de la sociedad y los poderes públicos?

Para documentar nuestro optimismo bástenos las siguientes estampas del fracaso institucional y la crisis humanitaria en nuestro País, todas ellas del jueves 30 de octubre de 2014: Después de una reunión con el Presidente de la República, los familiares de los 43 desaparecidos hace más de un mes en Iguala, Guerrero, manifestaron su inconformidad, desesperación e impotencia por la falta de eficacia y atención gubernamental a su drama, punta del iceberg de la corrupción, la violencia e impunidad que asolan nuestro País. En Washington, EEUU, importantes funcionarios del Gobierno de México comparecieron como acusados por ese hecho, con caras largas y lamentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y máxima instancia continental en la materia. Se multiplicaron las manifestaciones –algunas violentas- de repudio por los más de 22 mil desaparecidos en territorio Mexicano. En el Senado de la República el gris, pretencioso, desvergonzado Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hizo el ridículo –una vez más- pues aspirando a su reelección al cargo, señaló que la CNDH “ha cumplido su trabajo” no bastante le “lastimaba la situación en que se encontraba México, pues le daba una imagen irreal a la comunidad internacional”. Mientras tanto, en ese mismo cuerpo colegiado, garante del federalismo mexicano, concluían las comparecencias de los aspirantes a presidir la CNDH para el periodo 2014-2019, quienes coincidieron en la necesidad de que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones ante el escándalo internacional por las proditorias, múltiples y cotidianas violaciones a los derechos humanos cometidas, permitidas y no esclarecidas por el Gobierno de México.

Con la reciente aprobación de la “Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015” se destinará a la CNDH 1465 millones 956,997 pesos, del cual más del 72% se gastará en sueldos y salarios, en el contexto de que su presupuesto se incrementó 55.21% en los últimos 4 años (del 2010 a la fecha) y sus recomendaciones cada vez son menos, más intrascendentes y se emiten con tal lentitud, que este órgano autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio -como tantos otros que comparten esa naturaleza- son ineficientes fracasos burocráticos; conspicuas, costosas e inútiles instancias gubernamentales que sirven al Gobierno en turno, no a los ciudadanos que pagamos sus gastos de nuestros impuestos.

La broma es recurrente en México: cuando el gobernante no puede o quiere resolver un conflicto crea una “Comisión”, y si bien es cierto hay muchas “funcionando” sin cumplir los objetivos para los que fueron creadas, sin duda el fiasco de la CNDH ha sido el uno de los más afrentoso para los mexicanos, pues implica su fracaso para señalar, detener, impedir o castigar los abusos a los derechos humanos realizados por agentes de entidades gubernamentales, como el homicidio, la tortura, desapariciones forzadas, agresiones de migrantes y periodistas. Su dispendiosa estructura burocrática no ha respondido a las necesidades y expectativas ciudadanas; ni se ha conducido con transparencia.

Esto en nuestra tierra ensangrentada, donde no se pueden leer las noticias sin conocer de la corrupción más descarada; la impunidad de criminales conocidos; la crueldad inaudita, inenarrable de hechos de sangre cotidianos. Por ello es indignante que las instituciones nacionales –y los medios masivos de comunicación- centren su atención, no en como perfeccionar a la CNDH para que defienda los derechos humanos de los ciudadanos, sino en quien de los suspirantes a presidirla, ocupará su titularidad, como si el cambio de personas en instituciones obsoletas pudiera mejorar sus resultados.

Típico de nuestro País. Entablemos debates inútiles, que no tocan el fondo de los problemas. La “grilla” supera la atención al diseño, implementación y valoración de las políticas públicas. A partidos y grupos políticos les importan mucho más el “quien” ocupará un cargo que la labor a realizar, y en vez de discutir como refuncionalizar al Estado para que sirva mejor a los mexicanos, nos desgastamos en discusiones interesadas sobre las personas “idóneas” para ocupar las responsabilidades de organismos públicos que estructuralmente, están diseñados mayormente con fines cosméticos, para administrar los problemas de los gobiernos en turno y poner en la congeladora conflictos que no son del interés de los gobernantes.

La CNDH es sólo un ejemplo más de la miseria burocrática, del afán político de buscar legitimidad en el ejercicio de gasto público, al margen de los resultados obtenidos en beneficios reales para la población. Este año la CNDH ha ejercido un presupuesto de 1,416 millones de pesos, habiendo emitido algunas recomendaciones, de las cuales sólo 1 –sí únicamente una- ha sido acatada por el poder público. ¿Vale la pena gastar 1,416 millones de pesos para obtener tan paupérrimo resultado? ¿Por qué lo permitimos los mexicanos?

No deberá extrañarnos esta situación. La CNDH fue creada en 1992 con bombo y platillo por Carlos Salinas de Gortari, en virtud de una reforma constitucional (adición de un apartado B al artículo 102 de nuestra Ley Suprema), cuya verdadera finalidad fue, dar buena imagen de México al exterior y establecer una institución a modo, para “denunciar e investigar” los abusos cometidos contra los derechos humanos por el poder público (exceptuando los actos del poder judicial). Hay que reiterarlo, los abusos a los derechos humanos cometidos contra los ciudadanos por agentes diversos al aparato estatal (funcionarios, policías, fuerzas armadas, etc.) no son materia de la CNDH, sino de autoridades de procuración e impartición de justicia ordinaria por ser “delitos”, que deben perseguirse ante instancias locales y federales del fuero común.

La CNDH -aún después de las reformas constitucionales del 13 de septiembre de 1999 al artículo 102, para “fortalecer” sus atribuciones- ha sido procurada por los gobiernos como un árbol precioso, regado con miles de millones de pesos para que no dé frutos, ni combata los abusos del poder. Hay que recordar que después del largo y costoso accionar de su maquinaria burocrática, la CNDH sólo está capacitada legalmente para emitir “recomendaciones”, es decir, declaraciones que no son obligatorias ni vinculantes para los culpables de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de los derechos humanos. Su “labor” última es expedir “recomendaciones” sin capacidad coercitiva, ni fuerza obligatoria a las autoridades o servidores públicos que hayan conculcado –aún con flagrancia- los derechos humanos, pudiendo presentar por mucho, denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes, como cualquiera de nosotros puede hacerlo sin su “valiosa” y costosísima intervención.

La situación es ridícula y se ha replicado en todas las entidades federativas por mandato constitucional: las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades o funcionarios públicos en materia administrativa (es decir titulares o empleados de los poderes ejecutivos), son atendidas por costosos y burocráticos “órganos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propios” que no tienen atribuciones para hacer obligatorias sus “recomendaciones”, ni sancionar a los criminales que desde el poder atentan contra los gobernados que deberían servir y proteger.

El diseño institucional de la CNDH, de inspiración escandinava es extra lógico e ineficiente (la realidad de México no es equiparable a la de Suecia y la política no tiene el mismo objetivo), pero me parece que el programado fracaso de la CNDH tiene un trasfondo más profundo. Simplemente no se puede hacer responsable a un órgano estatal concreto de un complejo problema social, ambiental y político generalizado. La violación del más esencial de los deberes jurídicos de los gobernantes –el respeto irrestricto a los derechos humanos- debería ser castigado con cárcel de inmediato y con ejemplares procesos judiciales.

La defensa de los derechos humanos, ese conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza humana, interdependientes, indivisibles, no discriminatorias deberían ser parte de nuestra cultura y su respeto, compromiso común no sólo de una instancia gubernamental, porque todos y cada uno de esos derechos son elementos constitutivos, ineludibles, definitorios de nuestra seguridad e integridad personal y de la forma de gobierno que México proclama tener.

Versión imprimible Enviar a un amigo Crea un documento PDF con el artículo
Buscar

INICIO    ACERCA DEL AUTOR    NOTICIAS    FORO    TIENDA