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ARTICULOS : Causas y efectos de la crisis humanitaria en México
el 27/10/2014 12:41:02 (4640 Lecturas)

Como si no nos bastara nuestra propia experiencia cotidiana de inseguridad y temor ante la irracional violencia criminal que asola nuestro País, los medios de comunicación Internacionales y las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) más influyentes nos “informan” que vivimos en una Nación en crisis humanitaria. Nos hablan de masacres; de impunidad; de abusos de las policías y fuerzas armadas; de torturas; de violencia de género; de ataques a la libertad de expresión y a comunicadores; de la tragedia de los centenares de miles de migrantes que cruzan México cada año, muchos de ellos menores de edad; de la obsolescencia de los órganos defensores de los derechos humanos; de la ineficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia; de las pésimas condiciones de los centros de detención y las cárceles.

El estado de crisis humanitaria es el reconocimiento de una situación de emergencia en la que se prevén necesidades masivas de ayuda humanitaria y acciones institucionales que si no se encauzan con suficiencia, eficiencia y eficacia, desembocará en una catástrofe humanitaria, expresada en enormes sufrimientos humanos, miles de víctimas mortales, flujos sin control de refugiados y desplazados, ineficacia del sistema de Derecho y colapso de las instancias institucionales (instituciones gubernamentales) ¿Alguna de estas realidades le parece descriptiva de lo que ocurre en México?.

Human Rights Watch (HRW) ha señalado en ocasión de la presentación de su “Informe Mundial 2014: México” que, a raíz de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México se encuentra en la crisis humanitaria más grave desde la matanza de Tlatelolco de 1968. Amnistía Internacional (AI) ha considerado imprescindible crear una “Comisión de la Verdad” que no sólo investigue lo acontecido en Iguala, sino los miles de desaparecidos ante la apatía gubernamental. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), reunido en Berlín recientemente señaló que la crisis humanitaria en México es producto de “la violencia estructural que proviene tanto del Estado como de las organizaciones criminales, que ha dejado una estela de muertes, de enfermedades y de Injusticias”.

Mientras nos engañemos sobre lo que magnitud de nuestros problemas o haya grillas en las interpretaciones de la realidad pura y dura no podremos hacer frente a los conflictos que padecemos. Sin un diagnóstico objetivo, realista, no hay remedio posible, lo mismo para los padecimientos personales que para los sociales. El objetivo de este artículo no es ser tremendista, sino reconocer la magnitud de la crisis humanitaria que vivimos, para evitar catástrofes mayores por todos los medios a nuestro alcance, para establecer acciones gubernamentales de emergencia que coordinen a los 3 niveles de gobierno en torno a fines comunes, con un horizonte de logros posibles, mesurables en el tiempo.

No nos debería extrañar las declaratorias internacionales de crisis humanitaria en México: El viernes 18 de marzo del 2011, unas 40 camionetas irrumpen en Allende, Coahuila y al otro día amanecieron destruidas 39 casa y 7 ranchos, con un saldo de más de 300 personas desaparecidas, que se presumen fueron ejecutadas por el crimen organizado, sin que a la fecha hayan sido localizados sus cadáveres ni castigado a los criminales. Hay evidencia de que el 30 de junio pasado, cuando menos 21 civiles fueron fusilados por tropas regulares. Hace un mes fueron asesinados a sangre fría 6 normalistas en Iguala, Guerrero y desaparecidos otros 43, de los cuales –a pesar de los denodados esfuerzos gubernamentales- se sigue sin saber de su paradero y no se ha capturado a los presuntos responsables.

Lo curioso en que en estos 3 casos –especialmente los 2 primeros- estas noticias fueron mucho más difundidas fuera que dentro de nuestro País y bajo la presión del escándalo internacional las autoridades debieron reconocer lo ocurrido, pero sin que aún se hayan esclarecido ninguno de estos hechos, que han significado la dimensión del reto de Estado de hacer frente a irracional, escalofriante violencia criminal, de la que tenemos noticias todos los días, como si se tratarán de casos aislados.

El Presidente de la República ha señalado que cuando menos 26 mil mexicanos han desaparecido desde el 2007, a pesar de ello, desde el año 2006 nadie ha sido condenado en México por un sólo caso de desaparición forzada.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada año se cometen más de 20 millones de delitos en México y un 30% de los hogares declaran haber sido víctimas de algún crimen, de los cuales el 90% -si, uno de cada 10- no fueron denunciados ante la autoridad competente, por desinterés de las víctimas que no confían en sus autoridades, ni tiene la expectativa de ver castigados a sus agresores. Desafortunadamente, las cifras fundamentan su pesimismo. Los procesos judiciales penales no suelen concluir en sentencias condenatorias, castigos justos y readaptación social. Por eso aquí no extraña a nadie que en México se secuestre, ataque, robe y mate a los ciudadanos, los desaparezcan y se multipliquen las personas que viven fuera de la Ley. Eso es la dimensión de nuestra crisis humanitaria. Los medios internacionales, en su mayoría interesados –hasta hace poco- en las espectaculares reformas legales realizadas por el Gobierno Federal, apenas se están dando cuenta de ello.

Las cifras están ahí, pero son ignoradas por las mayorías y soslayadas por los medios de comunicación electrónicos y buena parte de la opinión publicada nacional. El problema es que, aún desde la perspectiva gubernamental, se ha llegado a un punto de quiebra. Las autoridades no pueden ignorar más la crisis humanitaria, que ya ha generando iracundas muestras de repudio en nuestro País y en el mundo. Cada minuto que pasa se incrementa el costo político de no resolver las masacres y ya ha caído el gobernador de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre Rivero por soslayar los efectos de lo acaecido en Iguala. Es claro que el problema ha rebasado a las instancias gubernamentales, comenzando con las del nivel de gobierno más cercano al ciudadano: los municipios.

Desde el inicio del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, la prioridad gubernamental no ha sido lograr una armónica convivencia social, ni garantizar la seguridad publica, sino desestructurar a los grupos narcotraficantes que importaban drogas a Estados Unidos. La estrategia no ha funcionado para los mexicanos. Los “espectaculares” logros de las capturas de capos del narcotráfico, han sido contraproducentes, desde el punto de vista de que el problema no se ha resuelto, los crímenes han escalado su violencia y el descabezamiento de las organizaciones criminales ha atomizado y potenciado la incidencia, influencia, crueldad y capacidad operativa local del crimen organizado.

Ha quedado demostrado que las dificultades que enfrentamos como País poco tiene que ver con la facilidad con que se reforma la Ley Suprema. La crisis humanitaria pone de manifiesto que politizar la solución de este problema nacional no contribuye a su solución, ni se gana popularidad administrándola a fin de obtener ganancias electorales.

Es un hecho que, ante la debilidad del Estado, actores individuales políticos y criminales pueden poner, y ponen el aparato del Estado contra los ciudadanos que debe proteger, en estos casos, desapareciendo a muchos ciudadanos en fosas clandestinas, donde ni siquiera es recuperable el material suficiente para reconocerlos y darles la dignidad del esclarecimiento de sus homicidios. Estamos abrumados por el oprobio político que supone el fracaso del Estado para encontrar y dignificar –así sea con la verdad- de lo ocurrido a las víctimas.

Ha quedado de manifiesto que el esclarecimiento de los crímenes y la atención a las víctimas (así fuera para entregar sus cadáveres a sus familiares) nunca fueron una prioridad en el diseño e implementación de las políticas publicas.

Requerimos estadistas, no políticos. Al final de los desfiles, más allá de las declaraciones con voz engolada de funcionarios públicos de rangos diversos, las causas y efectos profundos de la crisis humanitaria en México son la corrupción consentida; la pobreza generalizándose; las carencias educativas; la desintegración cultural de nuestro pueblo; la violenta degradación del tejido social; la inexistencia de una ética pública más allá del cumplimiento de las responsabilidades mínimas encomendadas; el permanente cálculo político como medida de toda acción gubernamental; la amnesia selectiva ante los horrores repetidos; las despolitización de un pueblo que no ha hecho de su democracia un instrumento de justicia social afirmativa y concreta; la desigualdad; la impunidad; la falta de visión de largo plazo; la falta de efectividad y vigencia del Estado de Derecho.

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