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ARTICULOS : El “Feuderalismo” y el auge de la criminalidad en México
el 20/10/2014 20:01:18 (2372 Lecturas)

En México el Gobierno está fallando en cuanto objetivación temporal del Estado es un sistema institucional de organizaciones de carácter público que detentan temporalmente el poder para hacer posible la felicidad de los ciudadanos. Ante el auge de la corrupción, la impunidad, la violencia y los escandalosos crímenes sin resolver de los grupos delincuenciales organizados, es pertinente meditar sobre cómo errores de diseño e instrumentalización del sistema federal mexicano han contribuido a la debilidad del Estado Mexicano frente a la delincuencia, la crisis económica y la creciente brutalidad de los hechos de sangre acaecidos en nuestras comunidades, en un creciente ambiente de temor e incertidumbre.

Habrá que recordar que, desde el inicio de la República Mexicana, los constituyentes de 1824 copiaron extra lógicamente el diseño institucional del País al que incluso copiamos nombre: Estados Unidos (Mexicanos). Se inventaron “Entidades Federativas” donde nunca había existido división administrativa alguna, estableciendo arbitrariamente sus fronteras de acuerdos políticos coyunturales. Así se explica, por ejemplo, que la Huasteca –región de milenaria y reconocible individualidad- haya sido dividida entre 4 entidades federativas (Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí) y que el Estado de Veracruz tenga tan diversas regiones y culturas, al grado de parecer cuando menos 3 estados diferentes: el Norte con componentes raciales y culturales propios; el templado centro con la capital Xalapa, Perote, Córdoba y Orizaba, que parecen en muchos aspectos más poblanos que jarochos y; el Sotavento, mezcla de todas las razas, festivo, alegre, desenfadado, tropical.

A pesar de lo que dispone la Constitución, nunca ha habido en México “Estados Libres y Soberanos”, ni tenemos “Municipios libres y autónomos”. Históricamente el centralismo asfixia la posibilidad de soluciones locales efectivas a los problemas locales. Siempre el poder ha estado lejos del ciudadano. Hoy por hoy los 3 niveles de gobierno están desarticulados, avasallados por las burocracias de los partidos políticos y a merced de los poderosos grupos que se benefician del quebrantamiento o la aplicación sesgada de la Ley.

Lo políticamente correcto, desde las provincias, ha sido siempre argumentar a favor de una mayor autonomía y poder local, pedir la transferencia de atribuciones legales y recursos económicos, pero es deseable el perfeccionamiento del sistema federal pues habiéndose logrado tales objetivos, nuestra situación no mejora.

Es notable que a lo largo de la historia –con sus ires y venires- hay un consenso casi unánime en el carácter federal de la República, a pesar de los pobres resultados que hemos obtenido de tal sistema de gobierno. Nadie pone en duda la pertinencia del federalismo en México, para la forma en que se ha ejercido y ejerce, deja mucho que desear: ha creado “feudos” regionales de poder; ha aislado a unas regiones de otras y ha impedido una mayor integración nacional, mayor eficacia institucional en múltiples aspectos de la vida nacional, especialmente en los sistemas de procuración e impartición de justicia; seguridad pública; salud; educación; haciendas públicas estatales y municipales.

Este problema político y jurídico toca el núcleo de la organización del sistema federal mexicano. Hay un problema de concepción del Estado - Gobierno y uno de conceptualización del horizonte de las soluciones posibles, a los problemas que desde hace décadas nos ha rebasado y se acentúan cotidianamente.
Parte del problema tiene que ver cómo enfocamos los mexicanos el poder político. Si bien es cierto la esencia del sistema federal significa la coexistencia en todo territorio de 3 órdenes de gobierno y sistemas normativos (el federal, el estatal y el municipal), nuestro federalismo no es estructuralmente cooperativo, solidario, equitativo, ni coordinado y está organizado con confusas facultades concurrentes que establecen en lo general deberes jurídicos para los 3 órdenes de gobierno pero a ninguno en particular, lo que ha engendrado las condiciones para que entre algunos de los 2450 titulares de gobierno: los titulares del Ejecutivo Federal (1), los 32 de las entidades federativas y los 2417 Presidentes Municipales haya una enorme descoordinación, pues cada uno de ellos suele concebirse como autoridad “máxima” en sus territorios, ejerzan un patrimonialismo del poder, se permitan el culto a la personalidad, compitan por los recursos y atribuciones y –cuando hay problemas- se “lavan las manos”, imputándose unos a otros el origen, desarrollo y consecuencias de la problemática por todos padecidas.

En esta Torre de Babel administrativa y política “feuderalista” más que federalista, cada uno tiende a gobernar desde su propia óptica y narrativa del poder, buscando su beneficio y/o los de sus gobiernos, lo que con frecuencia no hace sentido al analizar las acciones a nivel nacional. Los problemas ocurren en las entidades federativas, pero sus gobiernos no tienen la capacidad ni los recursos para resolverlos y los municipios –los parientes pobres del federalismo mexicano- dan, día a día, muestra de gran debilidad institucional para enfrentar sus principales problemas, lo que genera una corrupción e impunidad inenarrables (sobre todo en ámbitos rurales), lo que ha convertido a ese nivel de gobierno en el espacio natural donde las bandas criminales –ya no necesariamente de narcotraficantes- han encontrado atmósferas propicias para establecer su reinado del terror (secuestros, robos, torturas, homicidios proditorios y de lesa humanidad, cobro de derecho de piso, etc.).

Coexistimos en un "feuderalismo" contradictorio, pues si bien es cierto los gobernantes locales son cada vez más poderosos –dentro del ámbito de sus territorios- son, al mismo tiempo, cada uno de ellos más vulnerables y débiles, ante las crisis económica, social y de seguridad pública, por su dependencia a las participaciones federales, por la incapacidad operativa y programática para construir estrategias efectivas, articuladas de solución de problemas concretos.

La fragmentación “feuderalista” ha instalado en muchos gobiernos municipales –de por sí débiles- incubadoras de actividades criminales toleradas, impunes y/o consentidas. Cada vez más gobiernos locales están sido tomados como verdaderos territorios ocupados bajo el control del puño de hierro de los delincuentes. Se compran conciencias y complicidades. Se reparten ganancias ilícitas. Se ponen las policías al servicio de los criminales que deberían combatir. Un subproducto de la estrategia de decapitación de los liderazgos (capos) de los cárteles, ha sido la atomización de la criminalidad sobre la base de control de territorios, es decir, los municipios, lo que ha generado el empoderamiento de líderes locales cada vez más crueles, más territoriales y vinculados a los factores reales de poder en las regiones que dominan, que podrán ser pequeñas, pero en las cuales tienen un poder ilimitado para ejercer como señores de horca y cuchillo. El grupo “Guerrero Unidos” y las masacres de estudiantes en Iguala, son sólo un síntoma de esta enfermedad nacional.
El problema es sistémico, pero cuando se trata de repartir las culpas, por ejemplo, de las masacres, las deudas públicas impagables, los escándalos, los crímenes y los fraudes, la cuerda se va rompiendo secuencialmente por lo más delgado, deslindando usualmente al Gobierno Federal, que dispone y gobierna, con mayores recursos, influencia y atribuciones legales desde sus cómodas oficinas ubicadas en la distante Ciudad de México, a todo el vasto, heterogéneo y plural territorio nacional.

Es notable el esfuerzo del gobierno federal para centralizar el sistema de seguridad pública, pero ha sido insuficiente, por errores de concepción, planeación, coordinación y flujo de inteligencia, que suele parar a manos de los grupos criminales, vía la proverbial corrupción de las policías en México, especialmente las municipales. Los cuerpos policiacos federales y las fuerzas armadas no se dan a basto para resolver por sí mismas el problema del combate a la inseguridad ni al crimen organizado. A la fecha es insuficiente su fortalecimiento, y no está planteado un esfuerzo eficiente, unificado, eficaz, programático de los miles de cuerpos policiacos y de tránsito del País.

Michoacán, Tamaulipas y Guerrero son los casos más conspicuos de esta triste realidad, pero no son los únicos y el problema está extendiéndose a todo el País, como un cáncer, para el cual nadie ha planteado una cura pronta, viable, definitiva. Una de las razones nucleares para el fortalecimiento de las bandas criminales, el incremento de la barbarie y la violencia en nuestra tierra es que el Estado es cada vez más débil, las autoridades locales más vulnerables a la cooptación y los criminales sitian –con sobornos e intimidación- al más débil de los eslabones del sistema federal: los gobiernos municipales.

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